La silla vacía y el ruido que deja: Adán Augusto y el temblor morenista en Veracruz

La silla vacía y el ruido que deja: Adán Augusto y el temblor morenista en Veracruz

Por Miguel Angel Cristiani G

Hay renuncias que no se explican por lo que dicen, sino por lo que provocan. La salida de Adán Augusto López Hernández como coordinador de los senadores de Morena no es un simple movimiento interno ni un trámite burocrático de partido; es una sacudida política con réplicas claras en los estados, y en Veracruz, particularmente, el eco es más fuerte, más incómodo y más revelador.

Desde hace décadas he visto ir y venir coordinadores, líderes parlamentarios y jefes políticos. Algunos se van con discreción; otros, dejando incendios. Adán Augusto se va dejando una estela de preguntas, tensiones internas y reacomodos que exhiben la fragilidad de un movimiento que se vendió como monolítico, pero que hoy cruje por dentro.

En Veracruz, la renuncia no es anecdótica. Adán Augusto fue —y sigue siendo— un referente de poder dentro de Morena. Su influencia no se limitaba al Senado: alcanzaba a gobernadores, operadores políticos, estructuras territoriales y aspirantes que, en voz baja o abierta, lo veían como un árbitro confiable y un eventual factor de equilibrio rumbo al relevo presidencial y a las disputas estatales de 2024 y 2025.

Su salida del liderazgo parlamentario rompe ese eje. ¿Consecuencia inmediata? Un vacío de interlocución. Los senadores veracruzanos de Morena pierden a un coordinador con oficio político probado, con línea directa con Palacio Nacional y con capacidad de contención interna. Lo que viene es una etapa de mayor fragmentación, donde los grupos locales —ya de por sí confrontados— buscarán imponer agenda, posiciones y candidaturas sin un mando claro que ordene la tropa.

No es un secreto que en Veracruz Morena no es un bloque homogéneo. Conviven ahí el morenismo fundacional, los recién llegados, los pragmáticos reciclados del viejo régimen y los operadores regionales con intereses propios. Adán Augusto, con todos sus claroscuros, funcionaba como un dique. Su renuncia abre la compuerta.

En términos legislativos, la consecuencia será una menor capacidad de gestión para el estado. Menos acuerdos, menos prioridad presupuestal y más ruido interno. En política, la ausencia de liderazgo no se llena con discursos, sino con disputas. Y esas disputas suelen cobrarse factura en recursos, obras y atención federal.

En el plano electoral, el impacto es aún más delicado. Veracruz se encamina a un proceso sucesorio complejo, con aspirantes adelantados, encuestas amañadas y una militancia cada vez más escéptica. La salida de Adán Augusto debilita a un grupo y fortalece a otros, pero sobre todo acelera la lucha interna sin reglas claras. Morena corre el riesgo de repetir lo que tanto criticó del PRI: fracturas internas disfrazadas de unidad discursiva.

Hay también una lectura nacional que no debe soslayarse. La renuncia envía un mensaje: el poder en Morena ya no se concentra, se dispersa. Y cuando el poder se dispersa sin institucionalidad sólida, surgen los caudillismos locales, las decisiones improvisadas y los errores estratégicos. Veracruz, con su historial de crisis políticas y gobernantes erráticos, no está para experimentos.

Desde la ética pública, el tema exige algo más que grilla. La ciudadanía veracruzana no votó por pugnas internas ni por ajustes de cuentas entre corrientes. Votó por resultados, estabilidad y congruencia. Cada renuncia de alto nivel debería explicarse con claridad y asumirse con responsabilidad, no esconderse tras comunicados ambiguos y silencios calculados.

Adán Augusto se va del Senado, pero deja un problema abierto. La pregunta no es solo quién ocupará su lugar, sino si Morena tiene la madurez política para procesar esta salida sin dañar al país y a los estados. En Veracruz, la respuesta aún no se ve clara, y cuando la política se vuelve opaca, el ciudadano siempre pierde.

Porque al final, más allá de nombres y cargos, lo que queda es una verdad incómoda: cuando el poder se mueve sin rumbo, los cimientos tiemblan… y Veracruz ya sabe demasiado bien lo que pasa cuando nadie quiere hacerse responsable del temblor.

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La Comisión de Hacienda no es decorativa

La Comisión de Hacienda en un municipio no es un simple trámite administrativo ni una comisión de adorno dentro del cabildo. Es el espacio donde se analizan, discuten y dictaminan decisiones que impactan directamente en la vida de la ciudadanía, como el presupuesto, el gasto público, los ingresos municipales, los recursos propios y las prioridades de gobierno.

Especialistas en temas municipales advierten que cuando un regidor no entiende cómo funciona esta comisión, difícilmente puede afirmar que representa de manera adecuada los intereses de la sociedad. Votar sin comprender los temas o guardar silencio por comodidad también es una forma de decidir, y esa práctica debilita la confianza ciudadana.

El papel del regidor no es menor. Sus decisiones influyen en el rumbo del municipio y en las reglas internas que lo rigen, a través de reglamentos y acuerdos. En la Comisión de Hacienda se define qué se gasta, cómo se gasta y en qué se gasta el dinero público, por lo que cada voto tiene efectos reales.

Por ello, es fundamental que los integrantes del cabildo razonen su voto. Si un regidor vota en contra, debe explicar las razones; si vota a favor, también debe justificar su postura; y si se abstiene, debe dejar constancia del motivo. Este ejercicio fortalece la transparencia y permite que la ciudadanía conozca el criterio detrás de cada decisión.

Levantar la mano sin análisis, esconderse detrás de la mayoría o evadir responsabilidades no es una postura neutral. Cada voto cuenta y cada tema amerita un análisis profundo y responsable, especialmente cuando se trata del manejo de recursos públicos.

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El municipio NO se gobierna desde una sola figura

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Las tomas de protesta y el mensaje que no se dice

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Hay gestos políticos que parecen meramente protocolarios, pero que, leídos con lupa, revelan intenciones, prioridades y, a veces, advertencias. La decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de acudir personalmente a cuatro tomas de protesta municipales no es un asunto menor ni una simple agenda de fin de año. Es, en realidad, un mensaje político cuidadosamente calculado, dirigido tanto hacia dentro de su partido como hacia el resto del mapa político veracruzano.

Xalapa, Veracruz puerto, Coatzacoalcos y Poza Rica. No son municipios cualesquiera. Son nodos de poder económico, político y simbólico. Capital administrativa, principal puerto del estado, bastión histórico del sur petrolero y una ciudad marcada por la conflictividad política y social. Ahí estará la gobernadora. No en todos. No de manera indiscriminada. En los estratégicos. En los que importan.

La narrativa oficial habla de “representación institucional” y “respeto al mandato ciudadano”. Suena correcto, casi impecable. Pero la política no se explica solo con boletines. Se explica con contexto, antecedentes y memoria histórica. Y en Veracruz, la memoria pesa.

Desde hace décadas, los gobernadores han utilizado las tomas de protesta municipales como termómetro de control político. Quien acompaña, respalda. Quien no, observa desde la distancia. En este caso, la presencia directa de la titular del Ejecutivo estatal en municipios gobernados por Morena no solo confirma una afinidad partidista obvia; refuerza una línea de conducción política: unidad interna, disciplina y mensaje de respaldo a cuadros considerados clave para el proyecto en curso.

El caso de Coatzacoalcos es revelador. Pedro Miguel Rosaldo García no es un alcalde más. Es un hombre formado en la administración estatal, cercano a la gobernadora, con experiencia en el manejo de recursos públicos. Su triunfo electoral, con cerca de 40 mil votos, le da legitimidad de origen; la presencia de Nahle le otorga legitimidad política. El mensaje es claro: aquí hay confianza, pero también expectativa. Coatzacoalcos ha sido históricamente un municipio complejo, golpeado por la inseguridad, la crisis económica y el desgaste institucional. No hay margen para improvisaciones.

Xalapa representa otra dimensión. La capital del estado ha sido, durante años, un laboratorio político. Daniela Griego Ceballos llega con un perfil técnico, formación académica sólida y experiencia en una de las áreas más sensibles del aparato estatal: las pensiones. Su cabildo plural —con presencia de Morena, MC, PRI, PAN y PVEM— anticipa una administración que deberá negociar, conciliar y gobernar sin mayorías automáticas. La gobernadora, al acompañarla, no solo respalda a la alcaldesa electa; se coloca como garante de gobernabilidad en una ciudad donde el desgaste político suele ser rápido y costoso.

El puerto de Veracruz merece un capítulo aparte. Que Morena gobierne por primera vez el municipio de mayor presupuesto y padrón electoral del estado no es un dato anecdótico: es un parteaguas. Rosa María Hernández Espejo ganó con contundencia, duplicando a su rival más cercana. Su perfil periodístico y legislativo contrasta con la tradición política del puerto, históricamente dominado por el PAN. La presencia de la gobernadora ahí es un mensaje de conquista política, pero también de responsabilidad. Gobernar el puerto no admite errores ni frivolidades: cada decisión tiene impacto estatal.

Poza Rica, en cambio, simboliza la fragilidad del sistema electoral y la complejidad de la gobernabilidad local. Una elección impugnada, resuelta en tribunales, deja heridas abiertas. Janet Adanely Rodríguez encabezará un cabildo plural, diverso y potencialmente conflictivo. La gobernadora acude no solo a una toma de protesta, sino a una zona de riesgo político. Ahí, su presencia es un intento de cierre, de legitimación y de contención.

¿Y el resto de los municipios? Serán atendidos por secretarios de despacho. Formalmente correcto. Políticamente revelador. No todos pesan lo mismo. No todos envían el mismo mensaje. En política, la agenda también jerarquiza.

Nada de esto es ilegal ni ilegítimo. Es política en estado puro. Lo cuestionable no es la asistencia, sino lo que vendrá después. Veracruz no necesita solo fotos, discursos y cortesías institucionales. Necesita resultados. Seguridad, servicios públicos eficientes, transparencia, respeto a la legalidad y gobiernos municipales que entiendan que el poder no es patrimonio partidista, sino mandato ciudadano.

La gobernadora tiene derecho a acompañar, pero también la obligación de exigir. Porque el verdadero acto de protesta no ocurre el 30 o 31 de diciembre, sino cada día que un ciudadano exige que su gobierno funcione. Ahí, en la gestión cotidiana, se medirá si estas ceremonias fueron el inicio de una nueva etapa o solo otro ritual del poder.

El protocolo pasa. Los problemas se quedan. Y la historia, siempre implacable, termina pasando factura.

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El Fondo de Cultura Económica y el precio del machismo institucional

Por Miguel Ángel Cristiani G.

¿Hasta qué punto puede tolerarse la arrogancia en nombre de la cultura? Esa es la pregunta que hoy sacude al Fondo de Cultura Económica (FCE) y al gobierno federal, luego de las declaraciones de su director, Paco Ignacio Taibo II, quien, con una ligereza impropia del cargo, descalificó obras “horriblemente escritas” por mujeres, para oponerse a las políticas de inclusión literaria. Las palabras no fueron un exabrupto casual: son el reflejo de una forma de pensamiento que se resiste a entender la igualdad como valor, no como concesión.

El episodio, ocurrido el pasado 23 de octubre durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso algo más grave que un simple desliz verbal. Reveló cómo, desde una institución pública financiada por los contribuyentes, se reproducen prácticas de machismo institucional, disfrazadas de criterio literario. No es poca cosa: el FCE, fundado en 1934, es uno de los pilares de la cultura mexicana, y su función es promover el pensamiento crítico y la pluralidad, no el prejuicio ni la exclusión.

En respuesta, un grupo de escritoras, poetas y artistas, agrupadas como Las Horribles, realizó este martes un “mitin poético” frente a la sede del FCE en la Ciudad de México. Con lecturas, manifiestos y versos cargados de ironía, exigieron la renuncia de Taibo II, su disculpa pública y una revisión profunda de los criterios editoriales. La protesta no fue improvisada: fue la respuesta articulada de un movimiento que, desde hace años, denuncia la marginación de las voces femeninas en los espacios culturales controlados por hombres.

Que la presidenta Sheinbaum —la primera mujer en ocupar ese cargo— haya defendido al funcionario llamándolo “gran compañero” solo agravó el malestar. Las feministas, encabezadas por Diana Luz Vázquez del colectivo Ley Sabina, le recordaron que “cualquier hombre machista violenta a las mujeres y no puede ser un buen compañero”. La frase, tan dura como cierta, resume el dilema que enfrenta el nuevo gobierno: ¿de qué sirve tener un gabinete paritario si se toleran comportamientos que perpetúan la desigualdad desde las instituciones del Estado?

No se trata de censura ni de cuotas forzadas. Se trata de responsabilidad pública. Un funcionario cultural no puede burlarse de la lucha por la equidad de género ni usar la tribuna del Estado para dictar qué voces son dignas de leerse. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres obliga al Estado a promover condiciones de igualdad sustantiva; el FCE, como institución pública, está sujeto a ese mandato. Lo que Taibo II calificó de “poemas horribles” no es una cuestión estética: es una falta ética y política.

La cultura no necesita guardianes del buen gusto ni caudillos del canon literario. Necesita respeto, diversidad y diálogo. Y si el director del Fondo no entiende eso, debería hacerse a un lado. Su padre, Paco Ignacio Taibo I —a quien muchos recordamos como un maestro del periodismo, caballero de la cultura y un defensor de la libertad—, difícilmente habría caído en un desdén tan pobre y anacrónico.

Porque el verdadero problema no es solo lo que Taibo dijo, sino lo que su permanencia significaría: la normalización del desprecio. En tiempos donde México presume avances democráticos y de género, no podemos permitir que el Fondo de Cultura Económica se convierta en un fondo de exclusión misógina. La cultura pública debe ser la casa de todos, no el feudo de unos cuantos iluminados que se creen con derecho a decidir quién escribe bien y quién no.

La cultura no se defiende con soberbia, sino con respeto. Y el respeto, en estos tiempos, empieza por escuchar a las mujeres.

Columna Bitácora Política

* Solidaridad: la excepción, no la norma

Por Miguel Angel Cristiani

En tiempos de crisis, las autoridades están obligadas no solo a responder, sino a liderar con el ejemplo. Pero cuando lo mínimo se vuelve extraordinario, es claro que algo está profundamente mal en la estructura del poder municipal en Veracruz.

Las recientes lluvias en el norte del estado dejaron algo más que calles inundadas y hogares devastados: evidenciaron, con brutal claridad, el vacío de liderazgo en la mayoría de los 212 ayuntamientos veracruzanos. Mientras cientos de familias luchaban contra el agua, el lodo y el miedo, una inmensa mayoría de presidentes municipales —con honrosas excepciones— prefirió la comodidad de su indiferencia antes que la incomodidad del deber.

Tuxpan fue una de esas raras excepciones. El actual alcalde, Dr. Jesús Fomperoza Torres, y el presidente municipal electo, Daniel Cortina Martínez, hicieron lo que cualquier autoridad mínimamente decente debería hacer: actuar. No se trata de heroísmo, se trata de responsabilidad. En plena madrugada, cuando la tormenta arreciaba y muchos funcionarios dormían plácidamente en sus hogares, ellos estaban en el Palacio Municipal, organizando brigadas, emitiendo alertas, habilitando albergues.

Pero uno de 212 no es una cifra para aplaudir: es un diagnóstico alarmante. ¿Dónde estaban los demás alcaldes? ¿En qué momento dejaron de entender que su cargo no es para tomarse fotos en eventos ni para administrar desde el escritorio, sino para estar en la primera línea cuando su gente más los necesita?

La tragedia no terminó con la lluvia. La segunda ola —la del abandono institucional— fue aún más cruel. Porque no se trata únicamente de los alcaldes de los municipios directamente afectados. La solidaridad entre comunidades también es un reflejo del tejido moral de una sociedad. Y allí también, la respuesta fue vergonzosa.

Excepto, otra vez, por unos pocos.

En la capital del estado, el presidente municipal de Xalapa, Alberto Islas Reyes, entendió que, aunque la emergencia no estaba en su territorio, sí era su responsabilidad moral y política tender la mano. Convocó al cabildo, instaló un centro de acopio y movilizó a la ciudadanía. No con discursos vacíos, sino con acciones concretas. Hoy, gracias a esa convocatoria, camionetas cargadas de esperanza —víveres, medicinas, ropa, productos de higiene— viajan desde Xalapa hasta el norte del estado.

Y hay que decirlo con claridad: esto no es un favor. Es un deber. No se trata de filantropía desde el poder, sino de una obligación ética de las autoridades. La ciudadanía cumplió: acudió al llamado, donó lo que pudo, demostró que el pueblo siempre está por encima de sus gobernantes. El mensaje es contundente: donde el gobierno no llega, la gente responde. Pero no debería ser así.

La emergencia climática ha sido la lupa que revela lo que desde hace tiempo era evidente: el sistema municipal veracruzano está plagado de improvisación, clientelismo y desinterés. Muchos de los actuales alcaldes —y no pocos de los electos— llegaron al cargo no por vocación de servicio, sino por componendas políticas, por cuotas partidistas, por promesas vacías.

¿Dónde quedaron los discursos de campaña, los juramentos de servir al pueblo? ¿Dónde las comisiones de Protección Civil, los fondos de contingencia, los protocolos de emergencia?

Porque no basta con tomarse la foto en campaña con botas en el lodo. Hay que estar ahí cuando el agua sube de verdad.

Hoy, mientras algunas familias intentan recuperar algo de lo perdido con la ayuda de ciudadanos que sí tienen memoria y conciencia, vale la pena hacer una exigencia clara a los municipios omisos: dejen de esconderse. Salgan de sus oficinas. Dejen de gobernar desde las redes sociales y empiecen a ejercer el cargo para el que fueron electos.

El caso de Tuxpan y de Xalapa muestra que sí es posible actuar con celeridad, con eficiencia, con humanidad. No es que no se pueda. Es que muchos no quieren.

Y aquí es donde el ciudadano debe levantar la voz. Porque no hay excusa que justifique la indiferencia. Porque quien no está en los momentos difíciles, no merece estar en los fáciles. Porque gobernar no es un privilegio: es una carga, un compromiso, una responsabilidad permanente.

En este contexto, más que agradecer a quienes hicieron lo correcto, hay que exigirle cuentas a quienes no movieron un dedo. Porque no se trata de premiar lo básico, sino de exigir lo esencial.

Las lluvias cesarán, el agua bajará, pero el daño está hecho. No solo en las casas inundadas, sino en la confianza rota hacia las autoridades ausentes.

Y esa, lamentablemente, es la peor de las tragedias.

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El espejismo de los caminos a mano

Por Miguel Ángel Cristiani / Opinión

¿Quién podría oponerse a la idea romántica de que los pueblos olvidados del sur y sureste mexicano construyeran con sus propias manos los caminos que históricamente les fueron negados por los gobiernos federales?

Sobre el papel, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador parecía sencillo y hasta entrañable: sin grandes empresas constructoras, sin contratos millonarios, sin corrupción de por medio, las comunidades tendrían al fin la carretera de sus sueños. Sin embargo, lo que comenzó como promesa de justicia social terminó convertido en un fiasco administrativo, técnico y político.

Porque una cosa es la poesía de la autogestión comunitaria, y otra muy distinta es la dura ingeniería de la obra pública.

Ahora que la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle ha anunciado un programa de construcción y reparación de carreteras hay que tener muy en cuenta y con lupa las obras que se van a realizar.

Hay que recordar que el programa de construcción de caminos a mano en Oaxaca —emblema de la 4T y vitrina del supuesto “nuevo modelo” de obra pública— arrancó en 2019 con un presupuesto federal de poco más de 2,500 millones de pesos. La encomienda era clara: pavimentar caminos rurales con adoquín, faenas comunitarias y administración directa de los recursos. El resultado, cinco años después, es un saldo contradictorio: algunos tramos sí se concluyeron, pero la mayoría quedaron incompletos, mal hechos o de plano abandonados.

La Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades graves: obras pagadas sin concluir, sobrecostos injustificados y ausencia de controles técnicos. En varios municipios, los caminos presentaron cuarteaduras al poco tiempo de inaugurarse; en otros, los recursos se desviaron en procesos opacos de “ejecución comunitaria” donde nadie rindió cuentas. La narrativa presidencial de “confiar en la gente” se convirtió en un cheque en blanco que alimentó la discrecionalidad.

No se trata de denostar a las comunidades —que bastante han hecho con lo poco que tienen—, sino de evidenciar que la improvisación gubernamental no sustituye la planeación ni la supervisión técnica. Hacer caminos no es levantar bardas: se requieren estudios de suelo, drenajes pluviales, compactación, normativas de tránsito. Nada de eso se garantizó.

Históricamente, el sur del país ha padecido la marginación en infraestructura. Desde los años sesenta, los diagnósticos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señalaban la necesidad de conectar a las cabeceras municipales con la red nacional de carreteras. Medio siglo después, la llamada Cuarta Transformación prometió resolver de tajo lo que otros gobiernos no hicieron. Pero la promesa acabó en propaganda.

Aquí aparece la gran contradicción: López Obrador acusa a las constructoras privadas de ser nido de corrupción, pero su modelo comunitario terminó reproduciendo —en pequeño— los mismos vicios. La diferencia es que ahora no hay responsables claros, porque todo se diluye en la “autonomía” de los pueblos. ¿Quién responde por los millones tirados en obras inconclusas? ¿El comité vecinal? ¿El presidente municipal? ¿La Secretaría de Infraestructura? Nadie.

El fracaso de este programa es un recordatorio incómodo: la obra pública requiere Estado de derecho, planeación, transparencia y profesionalismo técnico. La demagogia no sostiene el concreto. El adoquín no sustituye el asfalto cuando de tránsito pesado se trata. La confianza ciega no sustituye la rendición de cuentas.

Políticamente, el gobierno federal utilizó estas obras como símbolo de la “transformación desde abajo”. López Obrador inauguró varios tramos en Oaxaca rodeado de aplausos y cámaras. Hoy, esos caminos muestran grietas no solo físicas, sino institucionales. El mensaje que queda es devastador: ni siquiera en proyectos pequeños y comunitarios la 4T pudo cumplir a cabalidad.

La ciudadanía merece claridad: ¿cuánto se gastó? ¿cuántos kilómetros realmente se entregaron en condiciones óptimas? ¿qué porcentaje de los recursos se perdió? El gobierno, en vez de rendir cuentas, optó por el silencio cómplice y la foto propagandística.

El saldo es claro: un programa que quiso ser ejemplo nacional terminó siendo un caso de estudio sobre cómo la buena voluntad sin técnica ni control termina en fracaso. Y en ese fracaso no solo se pierde dinero público, sino también confianza ciudadana, esa que hoy está tan deteriorada.

La lección es amarga pero necesaria: la justicia social no se decreta ni se improvisa. Se construye —como los caminos— con cimientos sólidos, planeación seria y transparencia. Lo demás es puro espejismo.

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