Parapente se atora en antena de radio

Ixtaczoquitlán.- La tarde de este sábado se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte de personas atrapadas en una antena de radio ubicada en el conocido “Cerro de las Antenas”, en la zona centro del estado.

Al arribar al sitio, elementos de Rescatistas Primeros Respondientes confirmaron que se trataba de una pareja que practicaba parapente y que, debido a una fuerte corriente de aire, fue arrastrada hasta quedar atorada en la estructura metálica de la antena.

De inmediato se activó un operativo conjunto en el que participaron Protección Civil de Ixtaczoquitlán, Protección Civil de Fortín de las Flores, Rescatistas Primeros Respondientes, el grupo Águilas Negras y la Policía Estatal, quienes coordinaron maniobras especializadas para poner a salvo a los afectados.

Para el rescate fue necesario el uso de equipo técnico de alta montaña, como cuerdas, arneses y mosquetones, lo que permitió realizar de manera segura las labores de ascenso y descenso desde la antena.

Gracias al trabajo coordinado y la pronta respuesta de las corporaciones, ambos civiles fueron rescatados con éxito y, aunque presentaron crisis nerviosa, no resultaron con lesiones de gravedad.

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Uso racional del agua: una responsabilidad ciudadana urgente

En medio de temperaturas cada vez más extremas y periodos de sequía más prolongados, el uso racional del agua dejó de ser una recomendación ambiental para convertirse en una necesidad social. Administrar este recurso de forma eficiente y responsable significa limitar su consumo a lo estrictamente necesario, evitar el desperdicio, cuidar su calidad y garantizar que las futuras generaciones también puedan acceder a él.

En algunos municipios de Veracruz, año con año se reportan problemas de abasto y disminución en los niveles de ríos y mantos acuíferos, por ello la conciencia ciudadana juega un papel fundamental. No basta con exigir a las autoridades inversión en infraestructura hidráulica; el cambio también empieza en casa.

Acciones clave desde el hogar

El ahorro de agua no requiere grandes inversiones, sino voluntad y constancia. Algunas medidas prácticas incluyen:

Tomar duchas breves de 10 minutos y cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se enjabona el cuerpo.

Instalar inodoros de doble descarga o colocar una botella con agua dentro de la cisterna para reducir el volumen en cada uso.

Lavar frutas y verduras en un recipiente, en lugar de hacerlo bajo el chorro abierto.

Utilizar la lavadora y el lavavajillas únicamente con carga completa.

Reparar de inmediato llaves o tuberías que gotean, ya que pueden desperdiciar hasta 80 litros diarios.

Regar plantas temprano por la mañana o al anochecer para evitar la evaporación, optar por especies nativas que requieren menos agua y aprovechar la captación de lluvia.

Cada pequeña acción suma. Cada gota cuenta.

Más allá del ahorro: un compromiso social

Implementar estas medidas no solo reduce el consumo doméstico, también disminuye la contaminación y el gasto energético asociado al bombeo y tratamiento del agua. Es decir, cuidar el agua también es cuidar el bolsillo y el medio ambiente.

Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer únicamente en la ciudadanía. Se requiere una gestión pública transparente, inversión en redes hidráulicas que eviten fugas masivas y campañas permanentes de educación ambiental. De poco sirve que una familia ahorre si en la calle se desperdician miles de litros por tuberías colapsadas.

El agua no es infinita, aunque durante años se haya administrado como si lo fuera. Hoy más que nunca se necesita corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

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Autonomía sin rendición de cuentas: el rector blindado y la factura pendiente

Por Miguel Ángel Cristiani G

¿Autonomía universitaria o patente de corso? La pregunta no es retórica ni malintencionada: es obligada cuando la continuidad de Martín Aguilar Sánchez queda jurídicamente blindada, mientras los señalamientos financieros siguen esperando respuesta. La reciente resolución del Primer Tribunal Colegiado cerró la puerta del amparo contra la prórroga del rector en la Universidad Veracruzana, pero abrió —o debería abrir— otra discusión más incómoda: la de la rendición de cuentas y el uso de recursos públicos.

Los hechos son claros. El tribunal desechó el último recurso promovido por Carlos Welsh Rodríguez al considerar que la prórroga rectoral no es impugnable por la vía del amparo, pues emana del ejercicio de la autonomía universitaria y de las atribuciones de la Junta de Gobierno. Jurídicamente, el capítulo está cerrado. Políticamente y éticamente, no. Porque una cosa es que la ley procesal no alcance para revertir una decisión interna y otra, muy distinta, es confundir autonomía con impunidad.

Conviene recordar —con serenidad y memoria histórica— que la autonomía universitaria no es un privilegio personal ni un escudo para administraciones opacas. Es una conquista social destinada a proteger la libertad académica, el pensamiento crítico y la gobernanza colegiada. No fue diseñada para silenciar preguntas incómodas ni para pasar por alto observaciones de los órganos fiscalizadores. En ese punto, la discusión se desplaza del terreno judicial al cívico: ¿quién explica y quién responde?

Porque mientras el rector queda firme en el cargo, permanece sin aclararse un señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación por más de cuatro millones de pesos observados en gastos de gasolina. No se trata de una anécdota contable ni de una minucia administrativa. Es dinero público. Es recurso que sale del erario y que, por definición, exige comprobación, transparencia y explicación puntual. La ASF no opina: observa, documenta y requiere solventación.

Aquí es donde la narrativa oficial se queda corta. Se ha repetido hasta el cansancio que “la vía legal está agotada” y que “los tribunales avalaron la decisión”. Cierto. Pero ninguna sentencia judicial exonera de la obligación de aclarar observaciones financieras. Ningún fallo sustituye la responsabilidad administrativa. Y ninguna autonomía cancela el deber de rendir cuentas. Confundir esos planos es un error —o una estrategia— que empobrece el debate público.

El problema de fondo no es sólo un rector prorrogado; es un modelo de gobernanza que parece sentirse cómodo en la opacidad. La Junta de Gobierno ejerció sus facultades, sí, pero también tiene la responsabilidad de velar por la integridad institucional. El silencio frente a observaciones de la ASF no fortalece a la universidad; la debilita. La percepción pública importa, y mucho, cuando se administra una institución que forma generaciones y maneja presupuestos millonarios.

Desde una perspectiva política más amplia, el caso de la Universidad Veracruzana es un espejo de una práctica recurrente en el país: blindar decisiones con tecnicismos legales mientras se pospone —o se elude— la explicación de fondo. Se gana en tribunales, pero se pierde en legitimidad. Y sin legitimidad, la autoridad se vuelve frágil, por más prórrogas que tenga.

No se trata de linchar ni de difamar. Se trata de exigir claridad. ¿Dónde están las facturas? ¿Cómo se justifican los gastos observados? ¿Quién autorizó, quién supervisó y quién responde? Son preguntas elementales en cualquier administración pública responsable. El rector y su equipo tienen la palabra. Callar no es prudencia; es desdén por la inteligencia de la comunidad universitaria y de la sociedad que financia a la institución.

La Universidad Veracruzana merece algo mejor que un rector jurídicamente intocable pero políticamente cuestionado. Merece autoridades que entiendan que la autonomía no se defiende con silencios, sino con transparencia; no con blindajes legales, sino con cuentas claras. Porque al final, la verdadera fortaleza institucional no se mide en sentencias favorables, sino en la confianza que se es capaz de sostener.

Un rector puede estar blindado por los tribunales, pero jamás debería estarlo frente a la verdad ni frente al dinero público.

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Místicos y terrenales | El gran fracaso carretero

* El gran fracaso carretero de Rocío Nahle: De 43 obras carreteras contratadas en 2025, sólo 8 terminadas, y son mantenimiento y rehabilitación de caminos

* De las 15 “carreteras urgentes” contratadas en julio de 2025, en 6 no han empezado los trabajos

Marco Antonio Aguirre Rodríguez

La gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, confirmó este 23 de febrero el fracaso de su gobierno en su gran proyecto carretero.

De las 15 “carreteras urgentes” a las que se les dio el contrato en julio de 2025 y que ya deberían de estar concluidas supuestamente (por eso eran urgentes), para 6 de estas ni siquiera hay evidencia de que hayan comenzado los trabajos.

Vaya, de las 45 obras carreteras contratadas por el gobierno de Veracruz en 2025, sólo 8 fueron terminadas en ese año, e incluso ahora el número sigue siendo el mismo.

O sea, hay 37 obras carreteras contratadas que están en proceso o en las que de plano ni siquiera han iniciado los trabajos.

Rocío Nahle trató de justificar los atrasos culpando a un funcionario, pero sin hacerlo ella de forma directa, si no que creo y dejó correr el rumor de que había despedido al subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Marco Antonio Beltrán Virgen, aunque en realidad éste renunció al puesto.

Pero su salida no fue porque sea el real culpable del deficiente trabajo de la SIOP en 2025, si no que fue un chivo expiatorio, un cordero en sacrificio para ver si le creen que ese fue el que tuvo la culpa.

Sin embargo, cuando dejaron correr los rumores lo hicieron de tan deficiente manera, que ni siquiera tuvo mucho impacto.

Aunque en realidad a quien debió remover es al titular de la dependencia, al guanajuatense Leonardo Cornejo Serrano. Pero este es prácticamente inamovible, porque viene trabajando con Rocío Nahle y cuidando los negocios, desde la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Más igualmente es probable que a Beltrán Virgen sólo lo estén reacomodando, porque es originario de Cerro Azul y fue director de Obras Públicas en el ayuntamiento de Poza Rica, durante la gestión de Francisco Javier Velázquez Vallejo (Morena), administración en la que ya José Peña Peña, el esposo de la gobernadora, tenía gran injerencia en el manejo de -precisamente- la obra pública.

No hay comunicación oficial de la remoción ni de la renuncia, sólo rumores dejados correr para asentar la versión y así cuando reaparezca en otro cargo, decir simplemente, que fue un cambio de posición.

Pero lo que sí es cierto e indiscutible es:

El gran fracaso carretero de Rocío Nahle

De 43 obras carreteras contratadas en 2025, sólo 8 se reportan terminadas

El 8 de agosto de 2025, Rocío Nahle dijo que ese año se realizaría una inversión de 2,537millones de pesos para rehabilitar más de 900 kilómetros de carreteras en todo el estado.

Pero no cumplió.

En su Informe de Gobierno el monto total de inversión en rehabilitación y mantenimiento de caminos y carreteras, contratado en 2025 es de 1,243 millones 435,578.8 pesos.

La cifra es apenas la mitad de lo ofrecido.

La capacidad del gobierno de Rocío Nahle fue insuficiente incluso para contratar la mitad de las obras que se tenían programadas.

Pues bien, con esa “inversión” recortada, en ese mismo documento se anotan 43 obras de infraestructura carretera contratadas en 2025.

Ese es el documento más oficial de lo hecho durante el año, porque es el Informe de Gobierno.

Y el mismo testimonio oficial muestra que la gran mayoría quedó sin terminar. De hecho en algunas se reportan porcentajes de avance bajísimos.

El Anexo Estadístico del Primer Informe de Gobierno de Veracruz reporta que en 2025 apenas se concluyeron 14 obras carreteras.

Pero de esas 14 obras de vialidad terminadas, 6 correspondían a rezagos del gobierno de Cuitláhuac García.

Y ninguna fue construcción de carreteras.

De las obras de rezago terminadas y el origen de los recursos son:

1. 200 metros de “Mantenimiento del camino Mahuixtlán-Isleta Grande” (Hidroterrestres 2023)

2. Mantenimiento del camino a la localidad de Ángel R. Cabada, 880 metros (Recursos Fiscales propios del Estado 2024)

3. Mantenimiento del camino Benito Juárez-Tebanca, del km 3+100 al km 3+268, en la localidad de San Joaquín, 168 metros (Recursos Fiscales propios del Estado 2024)

4. Rehabilitación de tramo carretero Las Matas, incluye gasa de acceso y puente peatonal a la Colonia Congreso (Coatzacoalcos, Minatitlán), un kilómetro 200 metros (Recursos Fiscales propios del Estado 2024 / Recursos Fiscales propios del Estado 2025)

5. Construcción de puente vehicular en tramo carretero El Trópico-Montepío, en las localidades de Montepío y Dos de Abril (Recursos Fiscales propios del Estado 2024 y Recursos Fiscales  propios del Estado 2025)

6. Mantenimiento del puente El Aguacatillo, km 1+200 del camino Entronque Carretero: carretera federal 145 (San Juan Evangelista) (Hidroterrestres 2023)

Igual ocurre con lo contratado en 2025: todas son mantenimiento, rehabilitación y limpieza de caminos.

Ninguna es construcción de carreteras.

DE LAS 15 “CARRETERAS URGENTES” CONTRATADAS EN JULIO DE 2025, EN 6 NO HAN EMPEZADO LOS TRABAJOS

Pero lo peor son sus “carreteras urgentes” o sus proyectos carreteros prioritarios cuya "ejecución de manera inmediata" fue instruida por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) mediante Órdenes Ejecutivas de Inicio emitidas en julio de 2025, publicadas en la Gaceta Oficial del gobierno de Veracruz el 17 y 21 de ese mes.

Fueron 15 las “órdenes ejecutivas” emitidas para entregar sin licitación los contratos de reparación, mantenimiento y de limpieza de diversos tramos carreteros.

De esas 15 “órdenes ejecutivas”, en el informe de gobierno de Rocío Nahle sólo se dieron datos de avance de obras, para 5 de las mismas.

Pero todos eran bajos, mínimos.

De lo que se reportó más avance fue un 23%, para los “Trabajos de limpieza, chapodeo, pintura, señalización, bacheo en el tramo aproximado de 9.3 km de la salida de la Ciudad de Xalapa a la entrada del Club de Golf Xalapa”.

Pero en 10 no se reportó avance en esa fecha.

Ahora este 23 de febrero, sin mencionar las órdenes ejecutivas a las que se refería, la gobernadora Nahle dio a entender que ya se tenían avances en otros 5 trabajos, entre ellos:

- En la orden ejecutiva SIOP/237/2025, de 43 kilómetros de Huejutla a Tempoal, ya se rehabilitaron de manera integral 22 kilómetros

- En el tramo Chicontepec – San Sebastián, de 35.470 kilómetros, de la orden ejecutiva SIOP/238/2025, dice que 22 ya fueron reconstruidos

Un ejemplo muy específico de obra sin realizar es el puente el Mostal, “cuyos estudios técnicos se encuentran en desarrollo”. En el “comunicado: 0288” del gobierno del estado se acepta que ni siquiera los estudios técnicos están concluidos.

Este puente se contempla en los 8 proyectos ejecutivos que se prepararon para la carretera Isla -San Andrés Tuxtla, en la cual -asegura- de los 60 kilómetros proyectados, restan 10 por concluir, incluyendo la construcción del puente El Mostal.

Así pues, lo que Nahle pretendía que fuera su gran proyecto carretero, ha sido un fracaso.

Pero es probable que diga que esto es culpa de los neoliberales, porque no podrá echarle la culpa a su antecesor, Cuitláhuac García.

Cosas de los que hoy son los grandes místicos de la política en Veracruz.

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La impunidad no se audita, se combate | Por Miguel Ángel Cristiani G.

Por Miguel Ángel Cristiani G

¿De verdad alguien cree que casi dos mil millones de pesos pueden evaporarse sin responsables y sin consecuencias, solo porque el poder así lo desea? En Veracruz, esa parece ser la apuesta: que el escándalo se desgaste, que la cifra se diluya y que la memoria colectiva haga lo que la justicia no ha querido hacer.

El señalamiento es grave y no admite matices. La Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por mil 896 millones 723 mil pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2024 del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. No es una cifra menor ni un error administrativo. Es, en términos llanos, un boquete financiero de proporciones obscenas en un estado marcado por la pobreza, la violencia y la precariedad de los servicios públicos.

Por eso resulta pertinente —y necesario— el reclamo público del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz, quien exigió que las autoridades federales y estatales no se conviertan en cómplices por omisión. Su advertencia no es estridente: es lógica. Cuando la ley no alcanza a los poderosos, deja de ser ley y se convierte en simulación.

Los datos no provienen de rumores ni de adversarios políticos: emanan de la Auditoría Superior de la Federación, el máximo órgano fiscalizador del país. Y los hallazgos son tan detallados como indignantes. Solo en la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando del capitán Cuauhtémoc Zúñiga, se detectó un gasto superior a 414.8 millones de pesos en alimentos “gourmet” —arrachera, salmón y otros lujos— supuestamente destinados a centros penitenciarios. En un estado donde los penales padecen hacinamiento, violencia y carencias elementales, el dato no es solo irregular: es insultante.

Pero si la seguridad indigna, la salud avergüenza. El mayor quebranto financiero se concentra en los Servicios de Salud de Veracruz, con mil 78 millones de pesos aún por aclarar. Recursos federales destinados a salvar vidas, no a perderse en laberintos administrativos ni en cuentas bancarias paralelas. La auditoría habla de mezclas indebidas de financiamiento, contratos sin soporte documental, posibles empresas fantasma y pagos por bienes y servicios que nadie puede acreditar que existieron.

Aquí conviene separar hechos de juicios. El hecho es que existen observaciones formales, documentadas y cuantificadas. El juicio —legítimo— es preguntarse por qué, frente a estos señalamientos, no se observa una respuesta institucional contundente. ¿Dónde están las investigaciones penales? ¿Dónde las inhabilitaciones? ¿Dónde la rendición de cuentas? El silencio oficial no es prudencia jurídica: es una señal política.

La historia reciente de Veracruz explica el escepticismo ciudadano. Demasiados escándalos han terminado en el archivo muerto; demasiados exfuncionarios han cambiado el banquillo por el fuero del olvido. Cada vez que se protege a un exgobernador bajo el argumento de la “estabilidad”, se envía un mensaje devastador: robar desde el poder sale barato si se pertenece al grupo correcto.

La exigencia no es venganza ni linchamiento mediático. Es cumplimiento de la ley. Que se investigue, que se aclare y, si hay responsabilidades, que se sancione. Así de simple y así de complejo. La democracia no se mide solo en elecciones, sino en la capacidad del Estado para aplicar la justicia sin mirar colores partidistas.

Veracruz no necesita más discursos ni cortinas de humo. Necesita instituciones que funcionen y autoridades que entiendan que el dinero público no es botín de salida ni herencia política. Como bien advirtió Movimiento Ciudadano, la salud y el patrimonio de los veracruzanos no pueden ser moneda de cambio para proteger a nadie.

Porque cuando casi dos mil millones de pesos desaparecen y el poder guarda silencio, no estamos ante un error contable: estamos frente a una traición pública que exige justicia, no complicidad.

La verdadera auditoría pendiente no es financiera, es moral: o se castiga la corrupción o se normaliza el saqueo.

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