Primera parte
Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay frases que se repiten tanto en el discurso público que terminan convertidas en dogma político. Una de ellas es la promesa de austeridad. Otra, la de terminar con los privilegios del poder. Pero basta rascar un poco la superficie de la vida institucional para descubrir que, detrás de la retórica, siguen existiendo prácticas que recuerdan demasiado a los viejos vicios del sistema.
La reciente reforma aprobada en el Congreso de Veracruz sobre el régimen de pensiones vuelve a colocar en la mesa un tema incómodo: las llamadas pensiones doradas. No es un asunto menor ni meramente administrativo; es, en realidad, un debate ético y político sobre la congruencia entre lo que se predica y lo que se practica en las instituciones públicas.
En círculos académicos y políticos se comenta con insistencia que el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, ha manifestado interés en permanecer en el cargo el tiempo suficiente para jubilarse con una pensión que rondaría los 120 mil pesos mensuales. De confirmarse esa cifra —que aún no ha sido desmentida con claridad— estaríamos hablando de un ingreso que supera incluso el salario de la gobernadora del estado, Rocío Nahle.
El dato, por sí mismo, provoca preguntas inevitables.
¿Es razonable que un funcionario público se retire con una pensión superior al sueldo de la titular del Ejecutivo estatal?
¿Es congruente con el discurso de austeridad que ha dominado la narrativa política en los últimos años?
¿O estamos frente a uno de esos casos donde la ley permite lo que la ética cuestiona?
Conviene recordar que las pensiones especiales no son un fenómeno nuevo en México. Durante décadas, distintos sectores del aparato público diseñaron esquemas de retiro privilegiados que terminaron generando desigualdades evidentes frente a la mayoría de los trabajadores. En muchos casos, estas jubilaciones se calculaban con base en los últimos sueldos —frecuentemente inflados— o mediante regímenes especiales creados a la medida de ciertas élites burocráticas.
El resultado fue una bomba financiera que hoy siguen pagando los sistemas de pensiones del país.
Por eso, cada vez que surge un caso de pensión extraordinaria, el debate rebasa lo personal y entra al terreno del interés público. No se trata de cuestionar el derecho de un trabajador a jubilarse dignamente; ese derecho está consagrado en la legislación laboral y es parte esencial del Estado social. El problema aparece cuando ese derecho se convierte en privilegio.
La universidad pública, además, tiene un papel particularmente delicado en este debate.
La Universidad Veracruzana no es una dependencia cualquiera del gobierno. Es una institución autónoma, financiada con recursos públicos, cuyo prestigio descansa precisamente en su autoridad moral, en su compromiso con la ética académica y en su capacidad para formar ciudadanos críticos.
Por eso, las decisiones que se toman en su interior no pueden medirse únicamente con criterios administrativos; también deben evaluarse bajo la lupa de la legitimidad pública.
En Veracruz, la discusión sobre las pensiones coincide además con un contexto financiero complejo. Los sistemas de retiro en el país enfrentan presiones crecientes por el envejecimiento de la población, el déficit de fondos y la desigualdad entre regímenes laborales. Mientras miles de trabajadores apenas alcanzan pensiones modestas después de décadas de trabajo, las jubilaciones de seis cifras inevitablemente generan indignación social.
No se trata de una reacción populista, como algunos intentan descalificarla. Es una reacción lógica frente a una percepción de injusticia.
En política, la legitimidad no se construye solo con discursos; se construye con congruencia.
Si la narrativa dominante del gobierno federal y de muchos gobiernos estatales ha sido la eliminación de privilegios y la instauración de una república austera, entonces esa lógica debería aplicarse también dentro de las universidades públicas y de todos los organismos financiados por el erario.
De lo contrario, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: que la austeridad es para unos y la comodidad institucional para otros.
La transparencia sería el primer paso para disipar dudas. Si el rector de la universidad tiene derecho legal a una pensión determinada, lo correcto sería explicar con claridad los criterios, montos y fundamentos normativos que la sustentan. La opacidad solo alimenta sospechas.
Pero más allá de la legalidad estricta, el fondo del asunto sigue siendo político y moral.
Las instituciones públicas viven de la confianza social. Y esa confianza se erosiona cada vez que el ciudadano percibe que el sistema sigue reproduciendo privilegios en las alturas mientras predica sacrificios en la base.
En tiempos donde el discurso oficial insiste en que se terminó la era de los abusos y las prebendas, cualquier pensión que huela a privilegio se convierte inevitablemente en una prueba de coherencia para el poder público.
Porque en democracia la legalidad puede justificar muchas cosas… pero la ética termina juzgándolas todas.
Y cuando el retiro de un funcionario público vale más que el salario de la gobernadora, el problema ya no es la pensión: es la credibilidad del sistema entero.
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