Aumentan costos de licencias de conducir en Veracruz

Aumentan costos de licencias de conducir por actualización de la UMA 2026

Con la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el año 2026, los costos de diversos trámites oficiales registraron un incremento, entre ellos el de las licencias de conducir.

De acuerdo con las autoridades, este ajuste se debe a que las tarifas de las licencias están calculadas con base en la UMA, cuyo valor para 2026 es de $117.31 pesos. Al actualizarse este indicador económico, utilizado como referencia para el cobro de derechos, multas y servicios administrativos, los montos a pagar aumentan de manera automática.

Ante este escenario, se recomienda a la ciudadanía revisar los nuevos costos vigentes y tomarlo en cuenta si planean realizar el trámite de expedición o renovación de su licencia en los próximos meses, a fin de evitar contratiempos en su presupuesto.

La UMA es una referencia económica establecida a nivel nacional que sustituye al salario mínimo para la determinación de diversos cobros oficiales, por lo que su actualización impacta directamente en varios servicios gubernamentales.

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No todas las sesiones de Cabildo son iguales

No todas las sesiones de Cabildo son iguales

Con el objetivo de fortalecer el ejercicio responsable del cargo público y mejorar la toma de decisiones en los gobiernos municipales, especialistas y ciudadanos interesados en la vida pública subrayan la importancia de que regidores, síndicos y la ciudadanía comprendan los distintos tipos de sesiones de Cabildo y sus reglas.

Después de abordar temas como dictámenes y votaciones, se advierte que uno de los aspectos más básicos —y al mismo tiempo más confundidos— son las propias sesiones de Cabildo. No todas son iguales ni en todas se toman las mismas decisiones. Entender esta diferencia es clave para ejercer el cargo con responsabilidad y legalidad.

Las sesiones de Cabildo son el espacio formal donde el Ayuntamiento delibera, debate y adopta acuerdos. Existen, entre otras, sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, y cada una cuenta con reglas específicas, así como con alcances distintos en los asuntos que pueden tratarse.

No es lo mismo una sesión destinada a temas de trámite o seguimiento administrativo que una en la que se aprueban presupuestos, reglamentos, convenios o decisiones de alto impacto para el municipio. Tampoco tiene el mismo carácter una sesión extraordinaria, que se convoca para atender asuntos urgentes que no pueden esperar al calendario regular.

Por ello, se destaca que un regidor debe identificar claramente en qué tipo de sesión se encuentra y cuáles son los efectos legales y administrativos de los acuerdos que ahí se toman. El desconocimiento de estas diferencias puede derivar en decisiones mal fundamentadas o en omisiones que afectan el funcionamiento del gobierno municipal.

La correcta comprensión del tipo de sesión permite a los integrantes del Cabildo prepararse adecuadamente, analizar los temas con mayor profundidad, argumentar con claridad y asumir con seriedad su responsabilidad frente a la ciudadanía.

Especialistas recuerdan que el Cabildo no improvisa: se rige por normas, procedimientos y marcos legales que garantizan orden, transparencia y certeza jurídica. Conocer estas reglas forma parte esencial del deber del cargo y del buen ejercicio del poder municipal.

Finalmente, se hace un llamado a fomentar la capacitación cívica y el interés ciudadano para comprender cómo funciona el Cabildo desde su interior y cuál es el papel que deben desempeñar los representantes municipales en la toma de decisiones públicas.

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¿Qué es la Contraloría Ciudadana y por qué es importante?

¿Qué es la Contraloría Ciudadana y por qué es importante?

La Contraloría Ciudadana es un mecanismo de participación social que permite a las y los ciudadanos involucrarse activamente en la vigilancia del uso de los recursos públicos, las obras, los programas sociales y los servicios gubernamentales. Su objetivo principal es fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y promover la rendición de cuentas.

A través de este modelo, personas voluntarias se organizan en comités y actúan como observadores directos del quehacer gubernamental. Estos ciudadanos supervisan que los recursos se utilicen de manera eficiente y conforme a la ley, reportan posibles irregularidades y exigen que las autoridades actúen con responsabilidad.

Objetivos clave

Vigilancia ciudadana: Observar la correcta ejecución de obras públicas, trámites administrativos y programas sociales.

Transparencia y rendición de cuentas: Garantizar que el gobierno informe y justifique el uso del dinero público.

Prevención de la corrupción: Detectar a tiempo prácticas indebidas y evitar que se consoliden.

Participación activa: Impulsar el involucramiento directo de la ciudadanía en la fiscalización de la gestión pública.

¿Cómo funciona?

Organización: Se integran comités de Contraloría Ciudadana con voluntarios, generalmente electos en asambleas comunitarias.

Supervisión: Los integrantes verifican la aplicación de recursos, la calidad de las obras y la correcta entrega de apoyos o servicios.

Reporte: Se elaboran informes que se entregan a las autoridades competentes para su seguimiento.

Capacitación: Los ciudadanos reciben orientación y formación para realizar su labor de manera adecuada y objetiva.

Beneficios para la sociedad

Honestidad: Promueve una conducta ética y responsable en los servidores públicos.

Eficiencia: Favorece un uso correcto y transparente de los recursos públicos.

Confianza: Fortalece la credibilidad de las instituciones al hacer visibles sus procesos y decisiones.

La Contraloría Ciudadana es una herramienta que empodera a la sociedad y consolida una cultura de legalidad, transparencia y corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía.

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El síndico está obligado a rendir cuentas

El síndico está obligado a rendir cuentas

El síndico municipal también está obligado a rendir cuentas y a formar parte activa de la transparencia. No basta con “ver todo” y no decir nada. Un síndico que guarda silencio no cumple con su responsabilidad pública.

El síndico es la voz legal del municipio, pero también debe ser la voz que informe al pueblo. No es suficiente revisar presupuestos, firmar cortes de caja, votar en sesiones de cabildo o participar en comités de adquisiciones. Su deber va más allá del trámite administrativo: debe explicar lo que observa, lo que aprueba, lo que cuestiona y también lo que denuncia.

Cuando el síndico no informa, la ciudadanía se queda ciega. Y donde hay silencio, la corrupción avanza.

La rendición de cuentas no es un favor, es una obligación ética y legal. Un síndico comprometido puede y debe:

✔️ Presentar informes trimestrales públicos, abiertos a la ciudadanía.

✔️ Rendir cuentas claras al cabildo sobre el estado de la hacienda pública.

✔️ Hacer públicos sus votos y posturas, aprovechando las redes sociales como herramientas de transparencia.

✔️ Convocar a reuniones con la ciudadanía, delegados, comités de obra y contraloría social para informar directamente cómo se están manejando los recursos.

Cuando hablamos de hacienda pública hablamos de presupuesto, de dinero, de recursos destinados al desarrollo del municipio y al bienestar de la gente. No es un asunto menor ni privado.

El silencio del síndico se convierte en un candado para la transparencia y un aliado involuntario —o conveniente— de la corrupción. Y eso no puede seguir normalizándose. Una democracia local sana exige autoridades que hablen claro, que expliquen y que enfrenten lo que no está bien.

La transparencia no se presume: se ejerce.

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Callar no es gobernar: el deber de informar de un regidor

Callar no es gobernar: el deber de informar de un regidor

Un regidor o regidora que guarda silencio no está cumpliendo con su función pública. El artículo 8º constitucional establece el derecho de petición y la obligación de las autoridades de responder. A su vez, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública refuerza el principio de máxima publicidad: todo acto de gobierno debe ser visible para la ciudadanía.

Esto implica que quienes integran un cabildo no sólo deben tomar decisiones, sino explicarlas, documentarlas y hacerlas públicas.

¿Y qué debe informar un regidor?

Primero, su asistencia a las sesiones de cabildo. Segundo, los posicionamientos que asume en cada sesión, especialmente cuando se discuten temas polémicos o de alto impacto social. También debe informar los resultados de las comisiones que integra, las solicitudes ciudadanas que recibe, a qué áreas las canaliza y cuál fue el resultado de esa gestión.

La rendición de cuentas no tiene un solo canal. Puede realizarse a través de periódicos impresos, redes sociales, reuniones vecinales, medios de comunicación locales, televisoras municipales e incluso mediante sesiones de cabildo abiertas al público.

¿Y qué ocurre cuando no informa?

Se incurre en una omisión que debilita la confianza pública y abre la puerta a decisiones opacas o dudosas. Informar es rendir cuentas; callar es traicionar la función pública.

Por ello es fundamental que la ciudadanía investigue qué está haciendo su regidor o regidora, cómo está votando —especialmente en momentos clave como la discusión del presupuesto— y cómo justifica cada decisión que toma. También es válido preguntar directamente: ¿qué votó en la última sesión?, ¿dónde lo informó?, ¿por qué no lo ha hecho público?

La democracia no se sostiene con silencios, sino con información clara y participación activa.

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