Aquí el pronóstico para este viernes 19 de junio de 2026.
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viernes, 19 de junio de 2026
Clima para hoy será caluroso extremo
jueves, 18 de junio de 2026
Aparecen hombres amarrados a postes en Lagos de Moreno, Jalisco
Dos personas fueron localizadas atadas a un poste en la colonia Nuevo Santa María, con la boca cubierta con cinta, la palabra "RATA" pintada en la frente y una cartulina con señalamientos de presunto robo.
En el lugar también fue encontrada una motocicleta. Las autoridades acudieron para atender el reporte e iniciar las investigaciones correspondientes.
Registro telefónico no es para espiar a ciudadanos: Sheinbaum
📱 La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el registro de líneas celulares no tiene como objetivo espiar a la ciudadanía, sino fortalecer la seguridad y combatir delitos como la extorsión telefónica.
Indicó que más de la mitad de las líneas ya han sido registradas y anunció que el próximo jueves se darán a conocer más detalles sobre el avance del proceso.
martes, 28 de abril de 2026
Bitácora Política | Agroquímicos: cuando el veneno se normaliza
Agroquímicos: cuando el veneno se normaliza y la autoridad posa para la foto
Por Miguel Ángel Cristiani G.
¿Cuántos niños intoxicados se necesitan para que una autoridad deje de tomarse selfis y empiece a gobernar?
La pregunta no es retórica. Es brutalmente concreta en San Andrés Tlalnelhuayocan, donde la comunidad de Otilpan y otras localidades llevan más de una década respirando, bebiendo y viviendo entre agroquímicos. Y mientras la evidencia se acumula en los cuerpos —no en los informes oficiales—, la autoridad municipal parece más ocupada en la narrativa digital que en la realidad sanitaria.
Los hechos están documentados. En 2024, alumnos y maestros de la primaria Adolfo López Mateos fueron intoxicados por fumigaciones en cultivos de papa. ¿La respuesta institucional? No frenar el uso de plaguicidas, no investigar a fondo, no establecer protocolos de protección. Cerraron la escuela. Es decir, se clausuró el derecho a la educación para no incomodar al negocio agrícola. Una decisión que no sólo es torpe: es profundamente irresponsable.
Aquí no hay espacio para matices: estamos frente a un problema de salud pública y de violación sistemática de derechos humanos. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo advirtió desde 2018 en la Recomendación 82/2018: el uso indiscriminado de plaguicidas altamente peligrosos vulnera derechos básicos como la salud, el agua y un medio ambiente sano. Han pasado años. ¿Qué cambió? Prácticamente nada.
La comunidad lo dice sin tecnicismos: ojos irritados, piel dañada, problemas respiratorios, trastornos hormonales, tumores. Testimonios que se repiten casa por casa. Pero en las clínicas no hay registros. No hay expedientes que vinculen enfermedad con exposición química. No hay seguimiento epidemiológico. No hay Estado.
Y cuando el Estado se ausenta, la realidad se convierte en territorio de la simulación.
San Andrés Tlalnelhuayocan tiene cerca de 20 mil habitantes, con 69 por ciento en pobreza y apenas tres módulos de atención médica para toda la población. Siete médicos para una crisis sanitaria silenciosa. Siete. Mientras tanto, la actividad papera genera ingresos cercanos a los 9 millones de pesos anuales. El dilema es claro: economía sin regulación o salud sin protección.
Pero ese dilema es falso. No se trata de cancelar la producción agrícola, sino de regularla con rigor. Lo que hoy ocurre es lo contrario: una actividad rentable operando sin controles efectivos, sin supervisión ambiental y sin responsabilidad social.
El problema no es nuevo. Desde hace al menos 14 años, la expansión del cultivo de papa —impulsada en buena medida por arrendamientos a productores externos— ha transformado el territorio. Lo que antes era policultivo ahora es monocultivo intensivo con uso sistemático de agroquímicos. Y con ello, llegó la enfermedad.
Organizaciones como LAVIDA han documentado lo que el gobierno no ha querido ver. Investigaciones independientes advierten que varias escuelas están rodeadas de cultivos donde se aplican plaguicidas altamente tóxicos. No hay barreras, no hay regulación visible, no hay prevención. Hay niños respirando químicos.
Y el impacto no se queda en la comunidad. La contaminación alcanza la cuenca alta del río La Antigua, fuente de casi el 38 por ciento del agua que consume Xalapa. Estudios han detectado residuos de plaguicidas como el clorpirifos en cuerpos de agua y fauna. Es decir, el problema ya no es local: es regional.
Aquí es donde la omisión deja de ser incompetencia y se convierte en negligencia estructural. Porque no sólo falla el municipio. También están ausentes instancias federales y estatales que, por ley, deben regular, supervisar y sancionar. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Medio Ambiente, la de Agricultura… todas señaladas, todas omisas.
Y mientras las dependencias se pasan la responsabilidad como si fuera expediente incómodo, la gente paga el costo con su salud y su bolsillo, recurriendo a médicos privados porque el sistema público simplemente no da respuesta.
La política, en estos casos, no se mide en discursos ni en publicaciones de redes sociales. Se mide en decisiones incómodas: regular, inspeccionar, sancionar. Se mide en proteger a la población, aunque eso implique enfrentar intereses económicos.
Porque gobernar no es administrar la imagen: es asumir el costo de hacer lo correcto.
Y hoy, en Tlalnelhuayocan, lo correcto sigue sin aparecer.
Porque cuando una autoridad permite que el veneno avance y opta por el silencio, deja de ser omisa para convertirse en cómplice.
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sábado, 4 de abril de 2026
Cuando la austeridad se queda en el discurso
Primera parte
Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay frases que se repiten tanto en el discurso público que terminan convertidas en dogma político. Una de ellas es la promesa de austeridad. Otra, la de terminar con los privilegios del poder. Pero basta rascar un poco la superficie de la vida institucional para descubrir que, detrás de la retórica, siguen existiendo prácticas que recuerdan demasiado a los viejos vicios del sistema.
La reciente reforma aprobada en el Congreso de Veracruz sobre el régimen de pensiones vuelve a colocar en la mesa un tema incómodo: las llamadas pensiones doradas. No es un asunto menor ni meramente administrativo; es, en realidad, un debate ético y político sobre la congruencia entre lo que se predica y lo que se practica en las instituciones públicas.
En círculos académicos y políticos se comenta con insistencia que el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, ha manifestado interés en permanecer en el cargo el tiempo suficiente para jubilarse con una pensión que rondaría los 120 mil pesos mensuales. De confirmarse esa cifra —que aún no ha sido desmentida con claridad— estaríamos hablando de un ingreso que supera incluso el salario de la gobernadora del estado, Rocío Nahle.
El dato, por sí mismo, provoca preguntas inevitables.
¿Es razonable que un funcionario público se retire con una pensión superior al sueldo de la titular del Ejecutivo estatal?
¿Es congruente con el discurso de austeridad que ha dominado la narrativa política en los últimos años?
¿O estamos frente a uno de esos casos donde la ley permite lo que la ética cuestiona?
Conviene recordar que las pensiones especiales no son un fenómeno nuevo en México. Durante décadas, distintos sectores del aparato público diseñaron esquemas de retiro privilegiados que terminaron generando desigualdades evidentes frente a la mayoría de los trabajadores. En muchos casos, estas jubilaciones se calculaban con base en los últimos sueldos —frecuentemente inflados— o mediante regímenes especiales creados a la medida de ciertas élites burocráticas.
El resultado fue una bomba financiera que hoy siguen pagando los sistemas de pensiones del país.
Por eso, cada vez que surge un caso de pensión extraordinaria, el debate rebasa lo personal y entra al terreno del interés público. No se trata de cuestionar el derecho de un trabajador a jubilarse dignamente; ese derecho está consagrado en la legislación laboral y es parte esencial del Estado social. El problema aparece cuando ese derecho se convierte en privilegio.
La universidad pública, además, tiene un papel particularmente delicado en este debate.
La Universidad Veracruzana no es una dependencia cualquiera del gobierno. Es una institución autónoma, financiada con recursos públicos, cuyo prestigio descansa precisamente en su autoridad moral, en su compromiso con la ética académica y en su capacidad para formar ciudadanos críticos.
Por eso, las decisiones que se toman en su interior no pueden medirse únicamente con criterios administrativos; también deben evaluarse bajo la lupa de la legitimidad pública.
En Veracruz, la discusión sobre las pensiones coincide además con un contexto financiero complejo. Los sistemas de retiro en el país enfrentan presiones crecientes por el envejecimiento de la población, el déficit de fondos y la desigualdad entre regímenes laborales. Mientras miles de trabajadores apenas alcanzan pensiones modestas después de décadas de trabajo, las jubilaciones de seis cifras inevitablemente generan indignación social.
No se trata de una reacción populista, como algunos intentan descalificarla. Es una reacción lógica frente a una percepción de injusticia.
En política, la legitimidad no se construye solo con discursos; se construye con congruencia.
Si la narrativa dominante del gobierno federal y de muchos gobiernos estatales ha sido la eliminación de privilegios y la instauración de una república austera, entonces esa lógica debería aplicarse también dentro de las universidades públicas y de todos los organismos financiados por el erario.
De lo contrario, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: que la austeridad es para unos y la comodidad institucional para otros.
La transparencia sería el primer paso para disipar dudas. Si el rector de la universidad tiene derecho legal a una pensión determinada, lo correcto sería explicar con claridad los criterios, montos y fundamentos normativos que la sustentan. La opacidad solo alimenta sospechas.
Pero más allá de la legalidad estricta, el fondo del asunto sigue siendo político y moral.
Las instituciones públicas viven de la confianza social. Y esa confianza se erosiona cada vez que el ciudadano percibe que el sistema sigue reproduciendo privilegios en las alturas mientras predica sacrificios en la base.
En tiempos donde el discurso oficial insiste en que se terminó la era de los abusos y las prebendas, cualquier pensión que huela a privilegio se convierte inevitablemente en una prueba de coherencia para el poder público.
Porque en democracia la legalidad puede justificar muchas cosas… pero la ética termina juzgándolas todas.
Y cuando el retiro de un funcionario público vale más que el salario de la gobernadora, el problema ya no es la pensión: es la credibilidad del sistema entero.
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