Por Miguel Ángel Cristiani G.
“De lengua me como un taco”, decía con sabia ironía Pancho López, el filósofo xalapeño. Y no podría haber mejor sentencia para describir el entusiasmo oficial con el que se anunció, desde la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, la llegada de 17 proyectos de inversión por mil 186 millones de dólares y la generación de más de 22 mil empleos en Veracruz durante el primer trimestre del año.
En el papel, la cifra deslumbra. En el discurso, seduce. En la realidad… aún no alcanza para convencer.
Nadie en su sano juicio podría desestimar la importancia de atraer inversión privada. Veracruz, históricamente rezagado en competitividad frente a entidades como Nuevo León, Querétaro o Guanajuato, necesita dinamizar su economía, generar empleo formal y aprovechar su indiscutible posición geográfica estratégica. Eso es un hecho. Pero otra cosa muy distinta es pedir un cheque en blanco a la credulidad ciudadana.
Porque si algo le ha costado caro a este país —y a este estado en particular— es la opacidad disfrazada de buenas noticias.
El secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Pérez Astorga, habla de 17 proyectos concretados. Bien. Pero no dice cuáles. Ni quiénes invierten. Ni en qué sectores específicos más allá de generalidades. Ni bajo qué condiciones. Ni con qué impactos ambientales o sociales.
¿Se trata de inversiones nuevas o ampliaciones de empresas ya instaladas? ¿Qué tipo de empleos se generarán: bien remunerados o precarizados? ¿Cuál es el plazo real de ejecución? ¿Qué incentivos fiscales o facilidades regulatorias se otorgaron a cambio?
Preguntas elementales. Respuestas ausentes.
Se nos dice que el 45 por ciento de la inversión está orientado al sector agropecuario, principalmente avícola. Esto, lejos de ser un dato menor, abre otra línea de análisis: ¿cuál será el impacto hídrico de estas inversiones? Veracruz no es ajeno a conflictos por el uso intensivo del agua, particularmente en industrias como la cervecera, refresquera o agroindustrial. Apostar por el crecimiento sin medir la presión sobre los recursos naturales no es desarrollo: es pan para hoy y crisis para mañana.
El discurso oficial insiste en conceptos atractivos: “justicia social”, “bienestar”, “prosperidad compartida”, “cuidado ambiental”. Palabras correctas, políticamente impecables, pero que requieren sustento verificable. Porque en política económica, lo que no se documenta, no existe.
Hay otro ángulo que no debe perderse de vista. Mil 186 millones de dólares suenan a una cifra extraordinaria, pero en el contexto de la inversión industrial global, es apenas una inversión mediana. Para ponerlo en perspectiva: una sola planta automotriz puede superar fácilmente ese monto. Es decir, no estamos ante una transformación estructural de la economía veracruzana, sino ante un conjunto de proyectos que, si bien positivos, deben dimensionarse con realismo.
Eso no los descalifica. Pero sí obliga a ponerlos en su justa medida.
Se destaca también que la inversión se distribuye en diez regiones económicas, con énfasis en Las Montañas, la región Capital y Sotavento. El discurso de la descentralización es correcto. El problema es que Veracruz ha escuchado esa promesa durante décadas sin ver resultados sostenidos. La historia económica del estado está plagada de anuncios que no se tradujeron en desarrollo equilibrado, sino en crecimiento fragmentado y desigual.
Y ahí radica el punto central: la confianza empresarial no se decreta, se construye. Y la confianza ciudadana, aún más.
La simplificación de trámites, la mejora regulatoria y el combate a la corrupción —también mencionados— son condiciones indispensables, pero no se acreditan con declaraciones, sino con indicadores, resultados y evidencia pública. Veracruz arrastra una larga historia de discrecionalidad administrativa que no se borra con buenas intenciones.
El gobierno tiene, sin duda, la oportunidad de marcar una diferencia. Pero para hacerlo necesita algo más que cifras espectaculares: necesita transparencia total.
Publicar los nombres de las empresas, los montos desagregados, los compromisos ambientales, los plazos de ejecución y los beneficios concretos para la población no es un favor, es una obligación en un régimen democrático. La inversión privada, cuando se maneja con opacidad, deja de ser motor de desarrollo y se convierte en terreno fértil para la sospecha.
Y en Veracruz, donde la memoria de promesas incumplidas sigue fresca, la sospecha no es paranoia: es experiencia.
Porque al final del día, el verdadero desarrollo no se mide en boletines de prensa, sino en la calidad de vida de la gente, en empleos dignos, en servicios públicos eficientes y en un entorno sostenible.
Todo lo demás es narrativa.
Y Veracruz ya está cansado de vivir de palabras.
Porque cuando los millones se anuncian sin transparencia, el desarrollo deja de ser promesa y empieza a oler a simulación.
