Cuando Estados Unidos fue atacado en su propio territorio

A lo largo de su historia, Estados Unidos ha participado en numerosos conflictos armados en distintas partes del mundo. Sin embargo, los ataques militares directos contra su propio territorio han sido muy pocos. Estos episodios, separados por más de un siglo, permiten entender cómo se ha desarrollado la historia militar del país y por qué han marcado momentos decisivos.

La invasión británica de 1814

Durante la Guerra de 1812, el Imperio Británico lanzó una ofensiva contra la capital estadounidense. En agosto de 1814, tropas británicas entraron en Washington D. C. y prendieron fuego a varios edificios gubernamentales.

Entre las construcciones dañadas estuvieron la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos. Este episodio es considerado uno de los ataques más graves sufridos por el país en su propia capital y dejó una profunda huella en la memoria histórica estadounidense.

La incursión de Pancho Villa en 1916

Más de un siglo después, durante la Revolución Mexicana, el general revolucionario Pancho Villa encabezó un ataque contra la ciudad fronteriza de Columbus, Nuevo México, Estados Unidos.

El 9 de marzo de 1916, alrededor de 400 combatientes cruzaron la frontera y atacaron el pueblo y un cuartel militar. El hecho provocó una fuerte reacción de Estados Unidos, que organizó la llamada Expedición Punitiva contra Pancho Villa, una operación militar encabezada por el general John J. Pershing para capturar al líder revolucionario dentro de territorio mexicano.

Japón y los ataques de la Segunda Guerra Mundial

El tercer episodio ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, la marina de Japón lanzó el famoso ataque contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái, lo que llevó a la entrada de Estados Unidos en el conflicto mundial.

Sin embargo, ese no fue el único golpe en territorio estadounidense. En 1942, fuerzas japonesas ocuparon temporalmente las islas de Attu y Kiska, en las Islas Aleutianas de Alaska. Esta ocupación representa la única invasión extranjera de territorio estadounidense en el siglo XX.

Un hecho poco común en su historia

Aunque Estados Unidos ha participado en numerosos conflictos internacionales, estos episodios destacan por ser momentos excepcionales en los que fuerzas extranjeras lograron llevar la guerra hasta su propio territorio.

Estudiarlos permite comprender mejor la historia militar del país y cómo estos acontecimientos influyeron en su política de defensa y seguridad a lo largo del tiempo. 📚🌎

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Aumenta Congreso de Veracruz penas por abuso sexual

La LXVII Legislatura de Veracruz aprobó, con 43 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, un conjunto de actualizaciones al marco penal relativo al delito de Abuso Sexual redefiniéndolo, aumentando las penas al ser un atentado contra la libertad y la seguridad sexual y protegiendo especialmente la integridad de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes.

El dictamen, signado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género, deriva de las iniciativas con proyecto de decreto autoría de la diputada Dorheny García Cayetano y de las integrantes del Grupo Legislativo de Morena para actualizar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

De acuerdo con el dictamen, ambos proyectos tienen como objeto principal el aumento de las penas en diversos delitos contra la libertad y la seguridad sexual y confluyen en la tutela de bienes jurídicos como la libertad y la seguridad sexual. La finalidad de las propuestas unificadas es reforzar integralmente el marco jurídico estatal para la protección efectiva de las víctimas de delitos sexuales, con un énfasis particular en las personas menores de edad.

Las comisiones integraron al dictamen la redefinición del delito de Abuso Sexual estableciendo que lo comete “quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo”.

Además, a quien cometa este ilícito se le impondrá una sanción de cuatro a ocho años de prisión y multa de 250 a 550 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se perseguirá de oficio.

También prevé las circunstancias por las cuales las penas señaladas aumentarán hasta en una tercera parte.

A lo anterior se añade que, como parte de la reparación del daño, el sujeto activo deberá cubrir los gastos relacionados con la atención psicológica para la víctima, hasta su total recuperación, sin perjuicio de las otras medidas establecidas en la Ley.

En cuanto al delito de acoso sexual, a quien lo cometa se le impondrá de un año y ocho meses a cuatro años de prisión y multa por el valor diario de hasta 500 UMAs.

Con esta actualización a su marco penal, Veracruz asume una política de mayor rigor ante estos ilícitos y se suma a las entidades federativas que han optado por marcos punitivos que excluyen la posibilidad de que los agresores accedan a salidas alternas preliberacionales.

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Anuncian tarjetas de prepago en autobuses Ulúa

Xalapa, Ver.– La gobernadora Rocío Nahle García anunció que, a partir del lunes 09 de marzo, las y los usuarios del sistema de transporte público Ulúa en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río podrán adquirir tarjetas de prepago que harán más ágil su uso.

Con esta modalidad, la tarifa del servicio tendrá un costo preferencial de 13 pesos, contribuyendo a que este servicio sea más accesible para la población.

Esta nueva modalidad permitirá realizar el pago del pasaje de manera rápida y sencilla, únicamente recargando su tarjeta y acercándola al lector al momento de abordar la unidad.

Podrán adquirirse directamente con las y los conductores de las unidades, así como en puntos autorizados como el Aquarium del Puerto de Veracruz y en Tiendas Yepas.

De esta manera, el Gobierno del Estado reitera su compromiso de continuar modernizando el transporte público, mejorar la experiencia de las y los usuarios y fortalecer la movilidad en la zona conurbada.

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Reforma electoral: el decálogo del poder y la letra pequeña de la democracia

Por Miguel Angel Cristiani G.

Hay reformas que nacen del consenso y otras que brotan del cálculo. La propuesta de Reforma Electoral que vuelve a ratificar la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada ahora de un decálogo de buenas intenciones y la advertencia de un “plan B”, pertenece —por ahora— a la segunda categoría: mucha consigna, poca precisión y un mensaje inequívoco al árbitro electoral y a la oposición: si no pasa por las buenas, pasará por las otras.

El anuncio no es casual ni aislado. Se inserta en una narrativa que lleva años construyéndose desde el poder: el sistema electoral es caro, excesivo y, sobre todo, incómodo cuando no acompaña. Bajo ese marco, el decálogo presentado se ofrece como una tabla de salvación moral: austeridad, democracia directa, reducción de costos, cercanía con la gente. Palabras amables. Conceptos nobles. El problema no está en el envoltorio, sino en el contenido y, más aún, en las consecuencias.

La experiencia mexicana obliga a la cautela. Las reformas electorales que han fortalecido la democracia —las de los noventa, particularmente— nacieron del acuerdo plural y de la desconfianza hacia el poder concentrado. De ahí surgieron instituciones autónomas, reglas claras y contrapesos eficaces. No fueron perfectas, pero sí funcionales. Gracias a ellas, México dejó atrás la simulación del partido hegemónico y transitó, con tropiezos, hacia la competencia real.

Hoy, el discurso oficial plantea que esas instituciones se desviaron, se burocratizaron o se “derechizaron”. Puede haber críticas legítimas, nadie lo niega. Pero entre corregir y someter hay una línea muy delgada. Cuando una reforma se anuncia con decálogo y se acompaña de un “plan B”, lo que se transmite no es apertura al diálogo, sino presión política. No es invitación al consenso, es advertencia.

El decálogo, leído con lupa, repite viejas banderas: menos recursos a partidos, menos consejeros, más participación ciudadana, elecciones más baratas. Suena bien. Siempre ha sonado bien. El problema es que la democracia no es barata, y cuando se abarata sin inteligencia, suele cobrarse después con fraude, inequidad o captura institucional. Reducir costos sin fortalecer capacidades técnicas es como quitarle frenos a un automóvil para ahorrar en mantenimiento.

Más delicado aún es el tono. El mensaje presidencial no distingue entre crítica legítima y descalificación sistemática. El árbitro electoral aparece retratado como obstáculo, no como garantía. Y cuando el poder político ve al árbitro como enemigo, la cancha deja de ser pareja. En democracia, quien gobierna debe ser el primer interesado en reglas fuertes, no en reglas dóciles.

El llamado “plan B” merece capítulo aparte. En política, los planes alternos suelen ser señales de fuerza. En democracia, suelen ser síntomas de debilidad institucional. Si el plan A no logra consenso, lo democrático es corregirlo, abrirlo, enriquecerlo. El atajo legislativo o la reinterpretación de las reglas no fortalecen al sistema: lo erosionan. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde reformas “necesarias” terminaron siendo reformas regresivas.

No se trata de oponerse por deporte ni de defender inercias. Se trata de entender que las reglas electorales no pertenecen al gobierno en turno, sino a la ciudadanía. Cambiarlas exige prudencia, diálogo y visión de Estado. Lo contrario convierte a la reforma en instrumento de coyuntura y no en política pública duradera.

La presidenta tiene legitimidad, respaldo popular y mayoría política. Justamente por eso su responsabilidad es mayor. Gobernar con fuerza no significa gobernar sin límites. Reformar no es imponer. Democratizar no es centralizar. Y escuchar no es tolerar aplausos, sino aceptar disenso.

La pregunta de fondo no es si el sistema electoral puede mejorar —claro que puede—, sino para qué y para quién se quiere cambiar. Si la respuesta es para fortalecer la confianza, la pluralidad y la equidad, el camino es el consenso. Si la respuesta es para facilitar el control político del proceso, entonces el problema no es el costo de la democracia, sino el precio del poder.

Porque al final, toda reforma electoral revela menos sobre las instituciones que pretende cambiar y más sobre la vocación democrática de quien la impulsa: cuando el poder escribe las reglas pensando en el “plan B”, suele olvidar que la democracia no admite letras chiquitas, pero sí cobra caro los abusos de la mayoría.

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Místicos y Terrenales

* Los Yunes de El Estero y el gran negocio del agua concesionada en Veracruz

* La conexión de la española Acciona, dueña del agua en Veracruz y Boca del Río, con otros políticos

* Acciona, con fuertes acusaciones de corrupción

Marco Antonio Aguirre Rodríguez

Desde hace varios años en la ciudad de Veracruz y en Boca del Río, hay una queja en común.

El costo por el agua es muy caro; las empresas concesionarias abusan del público, porque los gobiernos municipales han sido omisos en defensa de los usuarios.

Pero además hay otro factor en común: Aunque son dos empresas, tienen al mismo accionista principal: la empresa española Acciona.

Y como socios de Acciona, se presume la presencia de los Yunes de El Estero

Las empresas concesionarias del agua y el drenaje en la zona, son:

- Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), para Veracruz

- Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB)

Por eso es tan importante el caso de autohuachicoleo de agua que recién destapó el ayuntamiento de Veracruz, vía el director del Instituto Metropolitano del Agua, Óscar Rodríguez, porque una empresa del grupo Acciona le entrega agua a otra, en condiciones por completo no reveladas.

En cambio la alcaldesa de Boca del Río, Maryjose Gamboa, en lugar de pedir que aclare todo lo referente al abasto y cobro de agua entubada para estos municipios, se puso la camisa de defensora oculta de la empresa, al decir que iba a permitir que se le quitase una gota de agua a Boca del Río.

Pero si el pleito por el agua no era con el municipio de Boca del Río, sino con las empresas concesionarias.

Maryjose Gamboa, en lugar de ponerse del lado de los consumidores, y por tanto de la población de Boca del Río, prefirió defender los intereses de las empresas concesionarias y, presumiblemente, de los jefes de su grupo político, los Yunes de El Estero.

Un trabajo de Josefina Lugo, en el periódico Imagen de Veracruz, refiere un análisis financiero de 2023 de la entonces diputada federal Rosa María Hernández Espejo, hoy presidenta municipal de Veracruz, en el que se establece que:

“Tan solo Grupo MAS vende a Boca del Río a 2.30 pesos el metro cúbico de agua potable y la empresa Filial de Acciona, lo que es la Compañía del Agua de Boca del Río, CAB, cobra a los usuarios en no menos de 108 pesos al mes el metro cúbico”.

Casi 50 veces más cara el agua para el público, que el precio en el que presumiblemente se comercia entre el mismo grupo que maneja el líquido en esa zona conurbada.

De hecho tanto MAS como CAB se han resistido a hablar del huachicoleo de agua de Veracruz a Boca del Río, y mucho menos a esclarecer cuáles son las condiciones bajo las que se entrega o vende el líquido. Han hecho declaraciones, más no han presentado evidencias de cuál es el real mecanismo de operación y tráfico de agua que hacen.

Y al ser un mismo accionista principal para los sistemas de agua y drenaje de esta amplia zona conurbada, están también los grandes capitales de Veracruz que intervienen en esa empresa controladora, tanto por sociedad como por compra de participaciones en la misma.

Acciona (y su filial Acciona Agua) tienen vínculos en la zona conurbada con los Yunes de El Estero.

Miguel Ángel Yunes Linares tiene una estrecha relación con los socios locales de Acciona (la familia Ruiz Anitúa), a quienes favoreció con concesiones carreteras y proyectos de infraestructura durante su gubernatura.

Los Ruiz fueron de hecho los encargados de traer a la zona de Veracruz a Acciona, pues fueron los que presentaron a los representantes de la misma con los Yunes de El Estero, en específico con Miguel Ángel Yunes Márquez, quien era el presidente municipal de Boca del Río en 2015, cuando aparecieron en la zona con la intención de apoderarse del agua entubada y el drenaje en esa extensa mancha urbana.

No lo lograron con el sistema de Veracruz, porque Javier Duarte maniobró para que le entregaran la concesión a la brasileña Oderbrecht, con la que tenía fuertes relaciones.

Pero al llegar Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura de Veracruz en 2016 presionó a Oderbrecht para que le vendiera el Grupo MAS a Acciona y sus socios locales, los Ruiz, que son los visibles, pero en la zona existe la percepción de que atrás estaban (y están) el clan Yunes.

Los Yunes, desde cualquier posición, le dieron múltiples contratos a los Ruiz.

Así, Miguel Ángel Yunes Márquez, como alcalde de Boca del Río, adjudicó a Acciona una concesión de 30 años para la gestión del agua entre el 15 y el 18 de diciembre de 2017, unos días antes de terminar su mandato en el último día de ese año.

De 2018 a 2021 se encargaron de cuidar el negocio del agua, en el municipio de Veracruz, Fernando Yunes Márquez (miembro del clan de los Yunes de El Estero), y en Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, quien entonces todavía era parte de ese grupo político.

La relación de Alonso Morelli con los Yunes de El Estero en esa época era tan cercana que incluso le dio a la información de Acciona y CAB el carácter de “clasificado” para no dar a conocer los nombres de los empresarios que conforman la empresa, con el pretexto de que se ponía en riesgo la estabilidad financiera del ayuntamiento o que se pudieran difundir datos privados de la empresa.

Los Yunes, por la inversión que pudiesen tener, como por otras circunstancias, probablemente ayudaron a que Acciona expandiera sus mercados en México.

La empresa española intervino también en Tamaulipas, cuando el gobernador era Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces cercano a Miguel Ángel Yunes, al ser ambos panistas.

A raíz de eso Acciona fue investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre todo en lavado de dinero.

En el parque eólico El Cortijo, proyecto de Acciona, se detectó que un accionista, Baltazar “N”, del círculo cercano de Cabeza de Vaca, está vinculado a esquemas de corrupción inmobiliaria del exmandatario.

La UIF en este caso sugirió que el proyecto no buscaba simplemente generar energías limpias, sino crear mejores esquemas de negocios para un grupo político en particular.

Ahora que los Yunes de El Estero ya no son panistas, que ya son “amigos muy cercanos” de Adán Augusto López Hernández, llevaron el negocio a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la cual está presionando a la concesionaria en Cancún, Aguakan, para que venda a Acciona.

Y Acciona al saberse protegida por los políticos mexicanos, hizo una oferta pública de compra, por una cuarta parte del valor real de los activos: 4 mil 500 millones de pesos, frente a 17 mil millones de pesos, según la valuadora Kroll.

Para presionar la venta a bajos precios, Mara Lezama inició una persecución policíaca contra directivos y accionistas de Aguakan, contra varios de los cuales se emitieron órdenes de aprehensión.

Así pues, Acciona, la concesionaria visible del servicio de agua entubada y alcantarillado en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín, quiere mantener sus operaciones lo más escondido posible, para que nadie pueda siquiera imaginar el monto de las ganancias que la empresa (y sus socios) tienen.

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