Xalapa | Los datos abiertos pueden convertirse en una herramienta eficaz para prevenir la corrupción cuando se integran a políticas públicas de transparencia proactiva, rendición de cuentas y participación ciudadana, coincidieron especialistas en el marco del Encuentro Académico “Innovación, integridad y rendición de cuentas”, realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV).
En la Mesa IV “Datos abiertos como herramienta anticorrupción, se contó con la participación de Héctor Alejandro Ramírez Medina, proyectista en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Cynthia Jazared García Domínguez, estudiante del Doctorado en Derecho en el IIJ, y Yadira Rosales Ruiz, encargada de la coordinación del área de Transparencia de la UV y especialista con 17 años de experiencia en la materia, así como en la protección de datos personales, archivos y gobierno abierto.
Durante el evento académico y virtual, efectuado en coordinación con la Universidad de Xalapa e INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, las y los ponentes destacaron que los datos abiertos deben asumirse como una política anticorrupción preventiva que permita observar, analizar y evaluar de manera continua la actuación del Estado.
Su adecuada implementación puede contribuir a reducir la opacidad, fortalecer la rendición de cuentas y avanzar hacia instituciones más íntegras y confiables.
Yadira Rosales destacó que los datos abiertos fortalecen la lucha anticorrupción cuando se acompañan de una cultura de integridad y de una participación ciudadana informada.
Reconoció que, si bien existen múltiples plataformas que permiten acceder a información pública en formatos abiertos, los resultados en materia de combate a la corrupción siguen siendo limitados.
“La transparencia no está completa si no va acompañada de datos abiertos, pero estos instrumentos pierden efectividad si no se traducen en sanciones, control social y congruencia en el actuar de las personas servidoras públicas”, puntualizó.
Héctor Alejandro Ramírez explicó que los datos abiertos operan como un mecanismo preventivo frente a la corrupción al reducir la opacidad y la discrecionalidad en el ejercicio del poder público.
Desde su experiencia institucional, señaló: “los datos abiertos constituyen hoy una infraestructura democrática esencial para la gobernanza contemporánea”, ya que permiten que la ciudadanía, la academia y las organizaciones sociales analicen información pública antes de que se materialicen irregularidades.
Cerró su participación al decir que la publicación proactiva de información en formatos abiertos, particularmente en temas como presupuesto, contrataciones y programas sociales, facilita la detección temprana de patrones de riesgo y fortalece el control social, lo que contribuye a “prevenir condiciones que favorecen la corrupción”.
Desde el ámbito jurídico, Cynthia Jazared García subrayó que los datos abiertos no deben verse como una solución inmediata, sino como un instrumento estructural para combatir un fenómeno sistémico como la corrupción, al transformar la información pública en evidencia verificable, permiten reconstruir decisiones gubernamentales y ejercer vigilancia democrática.
La apertura informativa es una condición necesaria, pero no suficiente y su impacto anticorrupción depende de la calidad, estandarización e interoperabilidad de los datos, así como de la capacidad institucional y social para analizarlos y utilizarlos, subrayó.
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