Xalapa | La transparencia, el uso responsable de las tecnologías y la rendición de cuentas, no son solo temas técnicos, sino pilares indispensables para la democracia y la confianza ciudadana, destacó Arturo Miguel Chípuli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), al inaugurar el Encuentro Académico “Innovación, integridad y rendición de cuentas”.
De manera virtual, el foro se realizó con la participación de especialistas de esta casa de estudios, de instancias educativas, y dependencias estatales y federales, quienes dialogaron y debatieron en torno a sistemas inteligentes para la transparencia y el combate a la corrupción, nuevas tecnologías para la rendición de cuentas, perspectivas actuales en materia de corrupción, entre otros.
Chípuli Castillo destacó que todas estas ideas, en conjunto, contribuirán al fortalecimiento de una cultura de integridad desde la academia hacia la vida pública.
“Es una convocatoria a la reflexión y al diálogo académico sobre los mayores desafíos contemporáneos de nuestras instituciones públicas”.
Transparencia, gobierno abierto y acceso a la información
Posterior a la inauguración, tuvo lugar la Mesa I bajo esta temática, en la que Hilda Nucci González, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), abordó el concepto de Gobierno Abierto (GA) y explicó que implica una evolución de la administración pública hacia un modelo de gobernanza colaborativa que “busca la toma de decisiones de manera horizontal y multilateral entre gobierno, sociedad civil, sector privado y la academia, con el fin de resolver problemas públicos”.
Nucci señaló que el GA es un sistema de gestión pública que coloca a los ciudadanos en el centro de la acción gubernamental; busca que sean actores activos en la construcción de políticas públicas a través de la consulta ciudadana, la colaboración y la rendición de cuentas.
Entre los atributos político-administrativos del gobierno abierto se cuentan la capacidad de crear información relevante, proactiva y oportuna, canales de comunicación bidireccional y especialización funcional y técnica.
Sin embargo, identificó varios desafíos, como la falta de participación colaborativa de los gobiernos con la sociedad civil. “México se incorporó a la Open Government Partnership (OGP) en 2011, pero en 2020 el gobierno de la Ciudad de México se retiró. En marzo de 2025, nuestro país fue puesto bajo escrutinio público por la OGP debido a reformas en materia de transparencia y falta de credibilidad en el compromiso gubernamental”, señaló.
“La burocracia, corrupción, falta de recursos y falta de voluntad política obstaculizan la implementación del gobierno abierto”, y concluyó que México debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, sancionar y supervisar el Sistema Nacional de Transparencia con verdadera autonomía, contar con sanciones claras y públicas, supervisar efectivamente las dependencias, capacitar a estados y municipios, cambiar la cultura política y fomentar la participación ciudadana.
Por su parte, Alejandro Córdoba Hernández –músico y licenciado en Derecho por la UV– abordó el derecho a la información, centrándose en cómo se materializa la obligación estatal de informar. Mencionó dos mecanismos principales: las solicitudes de acceso a la información y la transparencia proactiva, que implica que el Estado publique información de alto interés público sin necesidad de solicitud.
Dentro de la transparencia proactiva, Córdoba Hernández hizo énfasis en las conferencias de prensa. Señaló que han tenido auge a todo nivel como dinámica de comunicación directa entre autoridades y ciudadanos.
Sin embargo, argumentó que una conferencia gubernamental no equivale a GA por sí sola. Para que lo sea, debe conectarse con mecanismos como datos abiertos, trazabilidad documental, auditoría social, participación significativa y corrección institucional, todo ello en armonía con un andamiaje jurídico.
“La información oficial requiere una verificabilidad reforzada, debido a su trascendencia pública. Las conferencias deberían incorporar métodos, datos, fuentes, referencias, series históricas, documentación pública inmediata y, en su caso, corrección institucional ante errores”.
Finalmente, invitó a reflexionar si la comunicación gubernamental realmente informa, o simplemente comunica lo que el Estado quiere y si esto permite a los ciudadanos contrastar el quehacer público con una deliberación oportuna.
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